La comisión de investigación sobre las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta ha cerrado cinco meses de trabajo sin que el Pleno del Parlamento andaluz haya logrado aprobar este miércoles un dictamen final ante las diferencias irreconciliables entre los partidos.
El único partido en apoyar el dictamen que emanó de la comisión ha sido el PSOE-A (sin mayoría absoluta en la Cámara), mientras que PP-A e IULV-CA lo han rechazado.
Tras un debate marcado por el cruce de acusaciones entre los tres grupos políticos, el dictamen sometido al Pleno de la Cámara ha contado únicamente con el voto a favor del PSOE-A, mientras que IULV-CA y PP-A lo han rechazado.
En él se situaba la "responsabilidad política directa" del caso de los ERE en el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que es lo que planteó desde un principio el grupo socialista.
Sin embargo, PP-A e IULV-CA (socio del PSOE-A en la Junta) no estaban de acuerdo con que la responsabilidad política se situara exclusivamente en ese exdirector general.
Así, el grupo popular ha mantenido para el debate del dictamen en el Pleno, como voto particular, sus propuestas de conclusiones, en las que situaba como máximos "responsables políticos" al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves. También incluía, entre otros, a los consejeros de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Avila, y de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.
Izquierda Unida también ha mantenido como voto particular la ponencia de síntesis que elaboró el presidente de la comisión de investigación, Ignacio García, en la que se situaba la "responsabilidad política de primer nivel o máxima magnitud" en los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y también se incluía la del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y la de Guerrero.
Una comisión sin acuerdo
La de los ERE ha sido la primera comisión de investigación creada en el Parlamento después de 17 años y, sin embargo, los grupos no han logrado el acuerdo en relación con sus conclusiones, tras cinco meses de trabajo.
En la comisión de investigación han comparecido una treintena de personas, entre ellas, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán; su antecesor en el cargo, Manuel Chaves; consejeros del actual Gobierno andaluz; exconsejeros, y el propio Guerrero, el principal imputado por la justicia en este caso.
Las intervenciones de los grupos han estado llenas de reproches de unos contra otros sobre el resultado de la comisión de investigación. Así, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Rojas, ha iniciado su intervención pidiendo a Griñán que "dimita ya" por considerar que hoy es "más responsable" de este "fraude millonario" que antes de empezar la comisión de investigación creada en la Cámara autonómica para determinar las responsabilidades políticas en "el mayor caso de corrupción de la historia de España".
Rojas ha confiado en que sea la justicia la que ponga "a cada uno en su sitio" y ha explicado el voto del PP-A en contra del dictamen propuesto por la comisión porque mantiene su "coherencia", algo que, a su juicio, no han hecho ni PSOE-A ni IULV-CA, que han preferido "su supervivencia política" y los "sillones" a sus valores y principios.
"Si PSOE-A no quiere pedir perdón ni asumir su culpa y si IULV-VA quiere cargar en su mochila 10 años de fraude a cambio de poder, allá ellos; pero sí les puedo decir que el PP-A seguirá luchando contra la corrupción porque, además, no estamos solos: tenemos a millones de andaluces a nuestro lado", ha concluido.
Por su parte, la diputada del PSOE-A Antonia Moro, que ha defendido el dictamen emanado de la comisión de investigación, ha censurado la actitud "bochornosa y lamentable" del PP-A, que ha "fracasado" en su estrategia de dictar una "sentencia" contra el Gobierno andaluz y su presidente, José Antonio Griñán.
El PSOE-A dice que es una decisión "legítima"
Moro ha querido dejar claro, ante todo, que dicho dictamen ha surgido de la voluntad mayoritaria y legítima de la comisión de investigación, y ha apuntado que si bien respeta la visión y la posición de IULV-CA (socio del PSOE-A en la Junta) con respecto al resultado, no la puede compartir ni en el fondo ni en la forma, porque ante todo está el respeto a una decisión legítima emanada de la citada comisión.
Para Antonia Moro, "nadie puede poner en duda el intenso trabajo que ha desarrollado la comisión de investigación durante varios meses, de forma modélica y ejemplar, demostrando su utilidad y transparencia de cara a la ciudadanía".
El portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha asegurado que el "fracaso" de la comisión de investigación "no se arregla ni pidiendo perdón en televisión", culpando de dicho fracaso a PP-A y PSOE-A por mantener desde el principio hasta el final una posición "inamovible", que les ha llevado a poner la comisión "al servicio de sus discursos".
Castro ha indicado que los socialistas "se han liado una manta a la cabeza, se han puesto una venda en los ojos y han realizado una defensa de los suyos, perdiendo una oportunidad de oro para reconocer los errores cometidos".
En cuanto al PP-A, ha mantenido una posición "inamovible de máximos, sin posibilidad alguna de cambios", son el único objetivo de "erosionar al PSOE y erosionar a un gobierno echando a pelear a sus socios".
El presidente de la comisión de investigación de los ERE, Ignacio García, de Izquierda Unida, confesó este martes que siente «vergüenza» del resultado final de esta iniciativa parlamentaria, que finalmente se cerrará sin dictamen. En una entrevista con Canal Sur Televisión, García criticó la «mutilación» auspiciada por el PSOE de apartados importantes del informe propuesto por la presidencia de la comisión, como que el interventor de la Junta había advertido en quince ocasiones de las irregularidades en la gestión de los fondos de Empleo, o que existía «una absoluta falta de control donde nadie sabía lo que estaba haciendo Guerrero», en alusión al exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
«No es para estar orgullosos», el resultado final es «un tremendo motivo de decepción», afirmó el diputado de IU, que aludió al «mandato de los ciudadanos de que esta comisión tenía que llegar a conclusiones y establecer un realto coherente de lo ocurrido».
El presidente de la comisión no quiso pronunciarse ahora sobre si IU, como socio del Gobierno andaluz, ha perdido confianza en el PSOE, aunque sí dijo que se debe abrir «una reflexión sobre qué ha ocurrido». «No hay que dejar pasar esto como si nada hubiera sucedido», insistió García, que concluyó que la stuaciòn «no deja en buen lugar a nadie».
Ignacio García defendió el informe propuesto elaborada por la pesidencia, en el que se señala la «responsabilidad solidaria» de los consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, como jefes de Guerrero, aunque cuestiona la posición del PP, que pide que se incluya entre los responsables del fraude a los presidentes de la junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. «Decir que Griñán y Chaves lo sabían todo es meterse en el terreno de la intuición. No se ha probado nada en ese sentido», subrayó.
Por otra parte, Ignacio García negó que el desenlace de la comisión haya originado fisuras en la coalición izquierdista.
El dictamen final mutilado será presentado, «que no defendido», mañada por el presidente de la comisión de investigación ante el Pleno del Parlamento, y posteriormente votado con la anunciada oposición de PP e IU.
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