Día 23/03/2012 en ABC
Aprueba el anteproyecto de Ley de Transparencia, que castigará con 10 años de inhabilitación al gestor público «que falsee u oculte datos» de su gestión
El contenido del anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a Documentación Pública y el Código de Buen Gobierno fue adelantado este jueves por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si bien ha sido su vicepresidenta, quien ha desgranado este viernes, tras el Consejo de Ministros, las líneas clave de esta norma. Para comenzar, ha alentado el "leit motiv" fundamental con el que ha nacido este proyecto, que pasará una fase de audiencia pública de quince días antes de retornar "remozada" por la población a Moncloa. Sáenz de Santamaría ha subrayado que se trata de una ley, al estilo de otros países europeos, que busca "laminar los compartimentos estancos" que aún existan en la Administración, "dar mayor competitividad institucional" y, sobre todo, dar un aldabonazo definitivo a "la credibilidad y confianza que los ciudadanos" tienen respecto a quienes les dirigen. Con todo ello y a la postre, reforzar la idea de que "España cumple y cumplirá" con los compromisos fijados, como el del déficit por parte de sus entidades locales, autonómicas y centrales.
Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado cómo a partir del próximo lunes los ciudadanos pueden realizar sus aportaciones a través de la web del Ministerio de Presidencia para mejorar el procedimiento de consulta y de cómo se ofrece a la población todo el abanico de datos que van a ser públicos a partir de ahora: las retribuciones de todos los cargos de las instituciones y sus directivos, la concesión de subvenciones, a quién se contrata, en qué partidas se gasta el dinero público, además de que se va a conocer la compatibilidad del cargo con actividades privadasy su respectivo desglose, etcétera.
Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado cómo a partir del próximo lunes los ciudadanos pueden realizar sus aportaciones a través de la web del Ministerio de Presidencia para mejorar el procedimiento de consulta y de cómo se ofrece a la población todo el abanico de datos que van a ser públicos a partir de ahora: las retribuciones de todos los cargos de las instituciones y sus directivos, la concesión de subvenciones, a quién se contrata, en qué partidas se gasta el dinero público, además de que se va a conocer la compatibilidad del cargo con actividades privadasy su respectivo desglose, etcétera.
El código de infracciones
El Ejecutivo tiene el compromiso claro de que todos y cada uno de los gestores públicos (y en particular, los altos cargos) respondan de manera personal por su conducta, si ésta no es conforme a la Ley de Transparencia. De este modo y por poner un ejemplo, aquel cargo que incumpla esta norma, falsee u oculte datos públicos de su Administración, será inhabilitado por diez años.
La responsabilidad administrativa y penal de los cargos públicos puede derivarse de una serie de conductas castigadas en esta normativa, comoconceder subvenciones sin tener fondos, o comprometer ciertas partidas de gasto sin que la entidad pública ostente los créditos necesarios para encarararlos.
La responsabilidad administrativa y penal de los cargos públicos puede derivarse de una serie de conductas castigadas en esta normativa, comoconceder subvenciones sin tener fondos, o comprometer ciertas partidas de gasto sin que la entidad pública ostente los créditos necesarios para encarararlos.
Esta norma habilita a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a que establezca, además, un baremo público sobre las retribuciones de los cargos municipales. De este modo, ha subrayado la portavoz del Ejecutivo, se fija por primera vez en el país lo que deben percibir dichos cargos y no podrán hacerlo "motu proprio". La ley de los PGE recogerá cuánto debe percibir ese cargo público de acuerdo al tamaño de la entidad local que rija, entre otros factores, ha afirmado la también ministra de la Presidencia.
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