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sábado, 10 de marzo de 2012

Los sindicatos entran en campaña

CC.OO. y UGT no conceden ni cien días de gracia al Gobierno de Rajoy y convocan una huelga general al calor de las elecciones andaluzas y asturianas

ANA I. SÁNCHEZ / MADRID

Día 10/03/2012 para ABC

Cambió ayer de semblante la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando le tocó contestar sobre su valoración del paro general convocado por los sindicatos para el 29 de marzo. Aunque esperada y descontada por el Ejecutivo, la convocatoria de esta huelga hace historia. Por muchos motivos. Nunca antes las centrales sindicales se habían echado a la calle dentro de los primeros cien días de un Gobierno. Nunca antes España vivía una crisis de consecuencias insondables, cuatro años después de iniciada. Y nunca antes Bruselas vigilaba tan estrechamente.
Santamaría descansó unos segundos, adoptó gesto de preocupación y con tono grave contestó a la pregunta. «No es una solución constructiva para los problemas del país», lamentó. Es difícil ponerlo en duda.

Escaso apoyo político

La octava huelga general de la democracia y la cuarta contra una reforma laboral llega cuando 5,3 millones de personas se han quedado sin trabajo y cuando la economía se encuentra de vuelta a la recesión. Cuando el texto legislativo de la reforma aún tiene que negociarse en el Parlamento —se ha convalidado como real decreto pero no como ley que incluirá enmiendas y modificaciones—, y cuando las urnas han concedido mayoría absoluta al partido que la impulsa.
Pero lo más difícil de ocultar es que el país acumula dieciocho trimestres consecutivos de destrucción de empleo. Dieciocho. «Una huelga ahora, a estas alturas, ¿para conseguir qué?», se preguntaba ayer por la tarde un eminente economista. No era el único. El desacuerdo con el paro era casi unánime también entre los partidos políticos.

Movilizar a la izquierda

Todo paro general conlleva un desgaste político. Ese es el tablero del juego. Pero siempre hay unas reglas. Y convocar un huelga sin haber expirado los cien días de gracia que se conceden a los nuevos gobiernos era una de las normas no escritas. Y, en su alianza declarada con los socialistas, los sindicatos buscan su comodín en la cercanía de las elecciones andaluzas.
La movilización de la izquierda ante unos comicios nunca es una buena noticia en Moncloa. Ni siquiera frente a las elecciones andaluzas, en las que previsiblemente arrebatarán holgadamente a los socialistas su principal bastión autonómico. Pero el Gobierno está decidido a no dar marcha atrás al decreto —ni Bruselas ni los mercados se creerían la reforma si no hubiera huelga— y los sindicatos se van a jugar mucho en esta convocatoria. Lo primero, su gestión del conflicto. Un paro general debe ser el último recurso de presión ante la imposibilidad de negociación. Es la regla número uno del manual de cualquier sindicalista. Sin embargo, los representantes de los trabajadores han convocado la huelga cuando la línea de negociación con el Gobierno sobre las enmiendas a introducir sigue abierta.

Mucho en juego

Según detalló ayer Santamaría, Comisiónes Obreras y UGT enviaron al Ministerio de Empleo sus propuestas de enmiendas el pasado viernes día 2 de marzo. Tres días después, el pasado lunes, una misión de los sindicatos era recibida por el equipo de la ministra para comenzar a abordar la propuesta. Y para este próximo lunes sigue convocada —a última hora de ayer los sindicatos no la habían anulado— una nueva reunión entre ambas partes para seguir abordando el texto de las enmiendas.
Hasta la aprobación del decreto, explicó ayer la número dos del Ejecutivo, el Gobierno mantuvo 33 reuniones con los sindicatos. Incluso, los encuentros comenzaron antes de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tomarara posesión del cargo. Y una vez convalidado el texto, ambas partes se han reunido en cinco mesas técnicas. El segundo punto en juego es el seguimiento. La huelga sólo tendrá éxito si los sindicatos logran movilizar a grupos de población más allá de sus afiliados. Pero no será fácil.
El inmovilismo que caracterizó a los representantes de los trabajadores durante la etapa de Gobierno socialista, cuando la crisis y la destrucción de empleo avanzaban a pasos agigantados, tuvo para ellos un elevado coste de imagen. La percepción que tienen de los sindicatos los españoles afectados por la crisis, esto es, los jóvenes y los desempleados, no es positiva y augura un seguimiento bajo del paro. Ese es el comodín del Gobierno.

Riesgo de incidentes

Pero el escaso seguimiento es una moneda de doble cara. Porque para captar atención una herramienta que nunca falla son los incidentes. Son el peor balance de un paro pero pocas veces están ausentes en una huelga general. Se aseguran portadas en la prensa internacional, magnifican la repercusión de la convocatoria y perjudican gravemente a la imagen del país. Esta es, sin duda, la que de seguro saldrá perdiendo con la celebración del paro. Y con ella también la economía.
Sólo el anuncio de que habrá huelga tiene coste en la percepción exterior del sector turístico español: la actividad que más puede impulsar el crecimiento y el empleo en las actuales circunstancias. También en la confianza exterior, tan necesaria para generar certidumbre cuando la prima de riesgo de un país se encuentra sobre los 300 puntos básicos.
Hay empresarios que van, incluso, más allá. Casi en susurros como para que no lo escuche nadie, reconocen su temor a que dada la escasez de crédito internacional, la convocatoria de esta huelga general se lleve por delante operaciones de inversión con clientes extranjeros. Para la productividad, la asignatura pendiente de la economía española, un paro general es una mano al cuello.Y si pierde la economía, pierden los españoles. No es de extrañar que la vicepresidenta del Gobierno cambiara ayer de semblante.

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