-El exdirector de Trabajo dice que "nada se hizo a espaldas de la Junta"
-Se le imputan delitos de cohecho, malversación, prevaricación y falsedad
-Guerrero se siente "inocente" en el caso de los ERE
-Guerrero se siente "inocente" en el caso de los ERE
RTVE.es / EFE 07.03.2012 - 18:12h
El ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero ha afirmado este miércoles ante la juez que investiga los ERE irregularesque que recibió "indicaciones del Gabinete de Presidencia de Manuel Chaves" y del que fuera viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, para que concediera determinadas ayudas a empresas. También ha dicho que "nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas".
Guerrero, que volverá a comparecer ante la juez mañana jueves tras declarar hoy en sesión de mañana y tarde, ha señalado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que recibió un documento escrito del "Gabinete de Presidencia de Manuel Chaves" donde se le decía que "solucionara sí o sí lo de Bilore, porque al día siguiente Chaves iba a un acto político".
Según han dicho a los periodistas varios letrados personados en la declaración, Guerrero ha asegurado que Barberá, imputado también en la causa, le dijo que "solucionara sí o sí" lo relacionado con la industria auxiliar naval de Cádiz, lo que, según ha añadido, "supuso un incremento de 26 millones de euros en el presupuesto que no tenía".
Además, el exdirector general de Trabajo ha aseverado que "informaba de todas las ayudas, tanto de la cuantía como de sus destinatarios, en los consejos de dirección de Empleo, a los que asistían el consejero, el viceconsejero y los delegados provinciales", quienes "jamás le pusieron ningún reparo a ningún tipo de ayuda".
"Toda la Junta lo conocía"
Así, ha asegurado que las presuntas irregularidades en las ayudas sin control eran conocidas por los sucesivos consejeros de Empleo, por toda la Junta de Andalucía y que incluso los consejeros se preocupaban por los fondos destinados a sus provincias de origen.
"Toda la Junta lo conocía, el consejo de Gobierno y el presidente conocían el sistema porque era un dato objetivo", ha dicho Guerrero en una de sus respuestas, según han afirmado a los periodistas abogados personados en la causa.
Según estas fuentes, Guerrero ha declarado que los expedientes que él elaboró estaban completos, "y si ahora no lo están es porque alguien los ha destruido", momento en el que la juez le ha pedido que identifique a quien haya podido ordenarlo y el imputado ha manifestado que "su hipótesis es que han sido el consejero o viceconsejero" de Empleo.
Guerrero, según el medio centenar de abogados presentes, se ha mostrado tranquilo en su declaración y solo ha negado enfáticamente con la cabeza cuando la juez Alaya, al comienzo del interrogatorio, le ha leído los hechos que le imputa, entre ellos irse de copas y a consumir cocaína después de concluir la jornada laboral, según lo manifestado por su chófer a la Policía.
Respecto al convenio marco por el que la Junta cambió en 2001 su sistema de ayudas, ha afirmado que a él no le gustaba porque era "discrecional" y "le hubiera gustado una orden o decreto para que pudiera llegar a más gente".
Cada consejero se preocupaba por las ayudas a su provincia
Guerrero ha asegurado que cada consejero de la Junta se preocupaba por las ayudas a su provincia y así Gaspar Zarrias se interesaba por las de Jaén, Isaías Pérez Saldaña por las de Huelva y Jose Antonio Viera por las de Sevilla.
En el caso de una de las empresas investigadas, Cárnicas Molina de Jaén, ha declarado que "se hicieron concesiones tácitas que no estaban en el papel" porque el principal objetivo era "mantener la paz social".
La juez Alaya ha imputado a Guerrero, que dijo a su llegada al Juzgado sentirse inocente, presuntos delitos de cohecho, malversación, prevaricación y tres de falsedad: dos en documento oficial y uno en documento mercantil.
La juez ha dedicado la sesión de tarde a preguntar por algunos del medio centenar de imputados hasta ahora y Guerrero ha respondido que él no incluyó a ningún "intruso" en los ERE, y que Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, no le presionó para que introdujera a dos concuñados suyos en otras tantas compañías.
La acusación particular que ejerce el sindicato Manos Limpias tiene previsto pedir prisión para Guerrero, que ya ha comparecido hasta ahora en dos ocasiones ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a quien declaró que el consejero y el viceconsejero de Empleo estaban informados de cómo se concedían las ayudas y de que en la consejería se destruyeron papeles cuando estalló el caso de los ERE fraudulentos.
La causa por los ERE irregulares y otras ayudas de la Junta acumula ya 41 tomos, 16.000 folios, y en los últimos meses se han producido declaraciones que se han prolongado hasta la noche como la realizada el pasado 21 de diciembre por Venancio Gutiérrez, exsecretario del Ayuntamiento de Sevilla que compareció como testigo y cuyas respuestas quedaron plasmadas en 69 folios.http://www.rtve.es/noticias/20120307/guerrero-declara-juez-ere-nada-se-hizo-espaldas-junta/505402.shtml
La juez acusa a Guerrero de cohecho, malversación, prevaricación y falsedad
El principal imputado: "No me siento culpable"
"Nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas", declara
JAVIER MARTÍN-ARROYO Sevilla 7 MAR 2012 en Elpais.com
Pico de audiencia en el caso de los ERE. La juez Mercedes Alaya ha imputado al ex director general de Trabajo Javier Guerrero seis delitos nada más comenzar su declaración: tres delitos continuados de cohecho, malversación y prevaricación, dos de falsedad en documento oficial y otro de falsedad en documento mercantil. La acusación para el principal imputado del caso es muy grave, dada la condena de cárcel que implicarían tres delitos continuados. Hasta ahora Guerrero estaba acusado de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, delito este último que la juez ha desestimado.
El ex director general mantiene como estrategia de defensa que la cúpula del Gobierno andaluz conocían cómo se concedían las subvenciones a empresas en crisis: "Es un hecho objetivo que el presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno conocían el sistema de concesión de las ayudas", ha detallado en su declaración esta tarde. Ha añadido que "jamás" le pusieron reparo.
Guerrero está acusado de los delitos de falsedad porque la juez considera que conocía modificaciones en documentos vinculados a transacciones bancarias y documentos oficiales como uno que incluía la firma que su exchóferfalsificó como si correspondiera a su madre, Estrella Blanco, que percibió una póliza ilegal de 125.000 euros.
La magistrada ha comenzado la sesión detallando el grueso de 29 millones en ayudas directas recibidas por las empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Mientras, Guerrero asentía. Posteriormente, Alaya ha recordado que según la declaración del exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, al terminar la jornada laboral, ambos acudían a locales de copas a consumir "alcohol y cocaína" con parte de las subvenciones públicas concedidas. En ese momento Guerrero negaba con la cabeza mientras Alaya describía las tardes pasadas en el pub sevillano Caramelo.
En su relato, la juez ha incidido en que todos los Ayuntamientos que recibieron ayudas del fondo para empresas en crisis de la Consejería de Empleo pertenecían al PSOE, al igual que todos los intrusos y personas beneficiadas por las falsas prejubilaciones en las empresas, cercanas al PSOE.
En su declaración, Guerrero ha explicado cómo al llegar en 1999 a la Consejería de Empleo se puso a las órdenes del viceconsejero Antonio Fernández, y empezó a tramitar ciertas "concesiones tácitas" en el expediente de Industrias Cárnicas Molina que no estaban reflejadas en los documentos oficiales de las subvenciones.
"Nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas". Es la frase clave de la declaración judicial de Guerrero, que dispara hacia sus superiores en el Ejecutivo andaluz durante la década en la que estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo.
Sin embargo, el ex director general ha negado que el convenio de 2001 firmado por Fernández y el exconsejero José Antonio Viera, alcanzado entre el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y Empleo, fuera para evitar los reparos que puso la Intervención General ante los expedientes en Cárnicas Molina y Santana Motor. Guerrero asegura que el convenio marco se hizo ante la preocupación del Gobierno andaluz por mantener la paz social ante sucesivas crisis y protestas de obreros en las calles.
Guerrero ha mencionado que "solo el consejero o el viceconsejero" de Empleo pudieron ordenar la supuesta desaparición reciente de documentos en la Dirección General de Trabajo (DGT). Empleo niega esa presunta destrucción de expedientes. Otro de los mencionados en el juicio ha sido el exdiputado socialista Ramón Díaz, con el que Guerrero trabajó tres años, entre 2005 y 2008. Según el imputado, ambos se repartían los expedientes, y Díaz lo sustituía en todo lo que él no podía abarcar, excepto en las conversaciones con las consultoras Vitalia y Uniter.
GUERRERO IMPLICA A MANUEL CHAVES EN LA TRAMA DE LAS AYUDAS
GUERRERO IMPLICA A MANUEL CHAVES EN LA TRAMA DE LAS AYUDAS
El exdirector general de Trabajo fue presionado por la Presidencia de la Junta para que resolviera una ayuda porque el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, iba a visitar la empresa
Día 07/03/2012 para ABC Sevilla
La declaración del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, se ha reanudado a las 16.30 horas. Durante esta declaración, Guerrero ha salpicado al que fuera durante veinte años presidente de la Junta, Manuel Chaves.
Según ha explicado uno de los letrados presentes en la declaración, Guerrero ha admitido que recibió un documento de la Presidencia de la Junta de Manuel Chaves en la que se le daban instrucciones para que solucionara el problema de la empresa Bilore porque el presidente iba a acudir a la citada empresa a un acto al día siguiente.
Guerrero también ha explicado que recibió instrucciones del entonces viceconsejero, Agustín Barberá, ya imputado en el caso, para que solucionara también el tema de la Industria Auxiliar Naval de Cádiz. Y tuvo que resolverlo pese a que eso supuso un incremento de 26 millones de euros del presupuesto que no tenía.
El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía ha respondido a preguntas de la juez Alaya que "nadie del Gobierno puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas". El imputado ha asegurado que en el Consejo de Gobierno se veía la relación presupuestaria de las ayudas.
«Solo el consejero o el viceconsejero pudieron ordenar la destrucción de papeles»
Guerrero ha sido interrogado por la juez Alaya acerca de la supuesta destrucción de papeles en la Consejería de Empleo. El imputado, que ha insistido en que le habían contado que se destruyeron esos documentos, ha dicho que "solo el consejero o el viceconsejero pudieron ordenar esa destrucción" y que "a nadie se le ocurriría que un director general pudiera hacerlo".Además Guerrero ha insistido en que cuando el era director general esos expedientes estaban completos, no como ahora.
La juez también ha preguntando a Guerrero por el exdiputado socialista, Ramón Diaz y éste ha afirmado que trabajó con el como asesor en la Dirección General y que estaba al tanto de todo lo que allí se hacia y las ayudas que se daban.
«Nadie del Gobierno puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas»
Según parece Guerrero ha asegurado que cada consejero "se interesaba por las ayudas a su provincia". Zarrías se interesaba por Santana, Viera por Sevilla y la Sierra Norte y así cada uno por su provincia. Guerrero ha insistido en que el Consejo de Gobierno y el presidente de la Junta conocían el sistema.
También ha asegurado que a él no le gustaba el convenio porque era discrecional, y que le hubiera gustado una orden o decreto para que las ayudas pudieran llegar a más gente.
El exdirector de Trabajo ha explicado que la partida 31L era aprobada por la Intervención, el consejero o consejera de Hacienda y el Gobierno andaluz y que era una partida blindada. Y que las explicaciones del convenio marco se las dio Antonio Fernández, titular de la consejería de Empleo, en su despacho.
Concesiones a Cárnicas Molina
En su declaración, Francisco Javier Guerrero también ha admitido que en el expediente de Cárnicas Molina "se hicieron concesiones que no estaban en el papel".
Además Guerrero ha afirmado ante la juez Alaya que el exconsejero y líder del PSOE de Sevilla hasta hace dos semanas, José Antonio Viera, era quien le daba las instrucciones y lo ha citado por Cárnicas Molina.
El imputado ha dicho que el convenio marco se hizo ante la preocupacion de la Junta pormantener la paz social ante varias crisis.
La juez le imputa seis delitos
La juez Alaya ha imputado seis delitos a Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo y principal imputado en la trama de los ERE fraudulentos. En la primera parte de su declaración, que se ha reanudado tras un receso de diez minutos, la juez ha leído durante casi una hora la lista de imputaciones. Prevaricación, cohecho, malversación, dos delitos de falsificación en documento oficial y otro de falsedad en documento mercantil son los delitos que la juez ha imputado a Guerrero durante el largo relato que le ha realizado de los hechos.
La juez, que ha cuantificado en 29 millones de euros las ayudas concedidas a las empresas de la Sierra Norte, ha echado en cara al imputado que permitiera a su chófer que falsificara la firma de su madre, que también recibió dinero con cargo a la partida 31-L en su presencia.
El largo relato de los hechos ha concluido cuando la juez ha leído a Guerrero la declaración del chófer de la cocaína. "Al termino de su jornada laboral se iban a los bares de copas a consumir alcohol y cocaína", le ha recriminado. Ante estas acusaciones,Guerrero ha permanecido callado aunque moviendo la cabeza en signo de negación.
Al parece la juez Alaya también ha hecho mención a otras ayudas que no aparecen en el desplegable que la Junta de Andalucia envió al juzgado. Tras el receso, en el que la juez no ha permitido a Guerrero salir en un principio aunque luego si le dejó, Guerrero ha comenzado a declarar. "Ha pedido ratificar y ampliar su declaración policial", han explicado fuentes del caso. La declaración será larga.
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