Día 20/03/2012
El fiscal jefe abre diligencias y comunica su decisión a las altas instancias judiciales del Estado
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, ha decido abrir diligencias penales por el caso Invercaria, motivo por el cual lo ha comunicado, entre otras instancias, al Fiscal General del Estado. Como se recordará la gestión de la sociedad Inversión y Gestión de Capital de Riesgo de Andalucía (Invercaria) ha sido el último escándalo, tras el de los ERE, en el que se ha visto envuelto el Gobierno andaluz. De hecho, la gestión de esta empresa pública ha sido cuestionada por la Cámara de Cuentas y su expresidenta, Laura Gómiz, tuvo que dimitir tras conocerse una grabación en la que presuntamente presionaba a un directivo para elaborar informes falsos sobre las ayudas que Invercaria otorgaba sin control.
Según pudo conocer ABC, García Calderón ha firmado ya el decreto 20/2012 por el cual abre diligencias de investigación penal sobre el caso Invercaria. Estas diligencias las ha elevado a la Fiscalía General del Estado y las ha trasladado, además, a la presidencia de Invercaria, a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y a la Presidencia de la Cámara de Cuentas.
El decreto viene motivado, según confirmaron a ABC diversas fuentes, a que el fiscal jefe aprecia indicios de delito para investigación penal en este caso. Además, García Calderón toma esta decisión también teniendo como referencia la instrucción que se sigue en el juzgado número 16 de Sevilla. A este tribunal fue remitida la denuncia presentada por el directivo de Invercaria, Cristóbal Cantos, que incluía una grabación de la conversación que mantuvo el 26 de abril de 2011 con la expresidenta de Invercaria, en la que esta, al parecer, le daba órdenes para que redactara informes con fechas y datos falsos sobre ayudas a empresas que ya habían sido concedidas.
En esas grabaciones, Gómiz admitía en numerosas ocasiones que las ayudas se habían repartido sin respetar procedimiento alguno y que las altas instancias de la administración autonómica estaban al tanto. «Todos los que están por encima saben lo que hay en Invercaria», dijo en aquella conversación la entonces expresidenta, que tuvo que presentar su renuncia tras estallar el escándalo.
Aparentemente, Gómiz pidió al directivo que modificara a posteriori esos informes como consecuencia de la auditoría que estaba realizando la Cámara de Cuentas andaluza. Esta señaló en su informe la existencia de un fondo para repartir dinero público de forma discrecional similar al utilizado en la trama de los ERE.
Cuando salió a la luz esta grabación, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, defendió la gestión de la empresa pública y se refirió a un informe en el que, según dijo, se detectaban hasta «trece manipulaciones» de la cinta. Griñán, además, trató de desvincularse del nombramiento de esta responsable, a pesar de que fuera designada durante su mandato el 29 de julio de 2010.
No hay comentarios:
Publicar un comentario